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ESTO

Pieza fabricada por un zapatero del Magdalena Medio para una víctima de minas.

Foto: Ana Vallejo

ESTO

NO TERMINA

Con la desmovilización de los grupos armados y el fin del combate no acaba el drama de las minas antipersonal. El desminado humanitario, la educación en el riesgo de minas y la atención a las víctimas son la salida.



E

n Colombia hay 51, 2 millones de metros cuadrados contaminados por las minas antipersonal. En 663 municipios, casi el 60 por ciento de los del país, ha habido accidentes con estos artefactos en los últimos cinco años. La contaminación es grande (1 mina por cada 2.600 metros cuadrados), así como el esfuerzo que se ha hecho para cumplir el compromiso que el país adquirió en 2011: declararse libre de minas en 2021. Hasta el momento ocho municipios han sido declarados libres de sospecha, 22 están siendo intervenidos y de aquí a 2018 se espera haber despejado 21 millones de metros cuadrados, casi la mitad de la meta. Gracias a la labor del gobierno, del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército, de las organizaciones civiles de desminado, de los desminadores que arriesgan su vida cada vez que entran a un campo minado, y de una serie de personajes que desde la sociedad civil aportan al tema, miles de colombianos podrán retornar a su tierra o transitar libremente por ella sin miedo a explotar.





EL DESMINADO HUMANITARIO

Retirar las minas de la tierra les devuelve a las personas la capacidad de moverse libremente por sus territorios. Este es el primer paso para que después de un conflicto el Estado llegue a donde jamás llegó.



El mapa del desminado en Colombia

El desminado humanitario es una labor de años. En Colombia hasta el momento se han despejado casi 3 millones de metros cuadrados de los 51,2 millones que se estima están contaminados por minas.


MUNICIPIOS LIBRES DE SOSPECHA DE MINAS ANTIPERSONAL

En 8 municipios ya terminaron las labores de desminado, por lo que se cree no tienen minas.

1.— Zambrano (Bolívar) 24 de abril de 2014. 6 artefactos destruidos.

2.— San Vicente de Chucurí (Santander) 16 de enero de 2016. 100 artefactos destruidos.

3.— San Carlos (Antioquia) 13 de marzo de 2012. 69 artefactos destruidos.

4.— Guatapé (Antioquia). 15 de octubre de 2016. 0 artefactos encontrados.

5.— La Unión (Antioquia). 15 de octubre de 2016. 0 artefactos encontrados.

6.— Nariño (Antioquia) 15 de octubre de 2016. 127 artefactos destruidos.

7.— San Francisco (Antioquia) 27 de agosto de 2015. 314 artefactos destruidos.

8.— El Dorado (Meta) 29 de noviembre de 2012. 100 artefactos destruidos.

Total: 940.526,15 metros cuadrados despejados


OPERACIONES DE DESMINADO

En 22 municipios del país tres actores adelantan operaciones de desminado humanitario.

— Batallón de Desminado Humanitario:

El Batallón de Desminado Humanitario No. 60 del Ejército fue creado en 2005 por el Ministerio de Defensa. Tiene como objetivo desarrollar operaciones en áreas con presencia de minas antipersonal a nivel nacional con fines netamente humanitarios (para que la población pueda vivir tranquila).

Opera en:

· Cocorná, Granada y San Luis (Antioquia)
· Samaná (Caldas)
· El Carmen de Chucurí y Sabana de Torres (Santander).


— Infantería de Marina (AEDIM)

En 2014, se crea la Agrupación de explosivos y Desminado de la Infantería de Marina, mediante Disposición N° 041. Se constituye como otro de los actores oficiales que desarrollan actividades de este tipo en el país.

Opera en:

· Carmen de Bolívar, Córdoba Tetón, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima y Villanueva (Bolívar).
· Samaná (Caldas)
· Chalán, Colosó, Corozal y Morroa (Sucre).


— The Halo Trust

Es la primera Organización Civil de Desminado Humanitario en el país. Desde septiembre de 2014 ha dispuesto 270 civiles, en diferentes áreas, para la exploración, levantamiento de información y desminado en varias zonas del departamento de Antioquia.

Opera en:

· El Carmen de Viboral, San Rafael, Sonsón y Abejorral (Antioquia).
· San Juan de Arama (Meta).
· Ataco (Tolima).


Total:

733 artefactos explosivos destruidos hasta el momento. 1’460.194 metros cuadrados despejados.


El plan piloto


En 2015 las veredas Orejón en Briceño (Antioquia) y Santa Helena en Mesetas (Meta) fueron escogidas por los negociadores de las Farc y el gobierno en La Habana como los territorios donde se llevaría a cabo el plan piloto de desminado humanitario, en donde por primera vez guerrilleros y soldados trabajarían conjuntamente para ubicar las minas y desinstalarlas. En ambas veredas todavía se adelantan labores de desminado.


Nuevos municipios para intervenir

En septiembre el gobierno asignó tareas de desminado humanitario en 48 municipios ubicados en 12 departamentos del país. Corresponden al 38,5 por ciento de los territorios que hoy se encuentran contaminados por minas.

— Antioquia:

· San Luis · Ituango · Argelia · Urrao · Puerto Triunfo · Medellín


— Caquetá:

· Florencia · Puerto Rico · San Vicente del Caguán · Montañita · Cartagena del Chairá · Paujil · Milán


— Córdoba:

· Montería · Ciénaga de Oro


— Cundinamarca:

· Chipaque


— Tolima:

· Chaparral · Planadas · Ríoblanco


— Meta:

· Mesetas · Vistahermosa · Lejanías · Uribe · Mapiripán · La Macarena · Puerto Rico · Cubarral


— Magdalena:

· Santa Marta


— Cauca:

· Cauca: · Balboa · Corinto · Caloto · Cajibío · Miranda · Suárez


— Valle:

· Pradera


— Putumayo:

· Puerto Asís · Orito · Valle del Guamez · Villa Garzón · San Miguel · Puerto Caicedo · Puerto Leguízamo · Puerto Guzmán


— Huila:

· Algeciras · Baraya Colombia


— Bogotá D.C.:

· Sumapaz


— Guaviare:

· Miraflores

*Cifras al 20 de octubre de 2016.

Fuentes: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Campaña Colombiana contra Minas y The Halo Trust.


Hasta el momento hay casi 3 millones de metros cuadrados despejados.




Colombia sin minas en 2021

Colombia se comprometió con el mundo a estar libre de sospecha de minas en 2021, lo que implicó cambios en el modelo de intervención del gobierno, nuevos presupuestos, más actores y una acción integral.


De aquí a 2021 el costo de la operación será de unos 320 millones de dólares.

Adicionalmente el gobierno invertirá 500 millones de dólares para el funcionamiento de la Brigada de Desminado Humanitario, lo que antes era el Batallón de Desminado.

Si antes había solo 2.100 miembros del Ejército haciendo este tipo de limpieza, en 2017 se espera que hayan 10.000


El pasado 18 de septiembre en Nueva York, durante la Iniciativa Global para el Desminado en Colombia promovida por los gobiernos de Estados Unidos y Noruega, se anunciaron aportes por 80 millones de dólares por parte de varios gobiernos.

El gobierno cayó en cuenta de que no solo podían intervenirse los territorios libres de actores armados. Con el cese bilateral al fuego con las Farc, aquellos municipios donde hay presencia de las Farc y alta afectación por minas pasaron a ser objeto de intervención.



Así, lo que ocurrirá en los 663 municipios en que existe riesgo de minas será:

—Municipios de alta afectación (donde en los últimos cinco años se han presentado víctimas):

En estos 199 territorios se realizarán labores de desminado.

—Municipios de mediana afectación (que llevan cinco años sin víctimas):

En estos 291 territorios se completarán 31 diagnósticos para determinar cómo intervenir.

—Municipios de baja afectación (en los que ha habido incidentes relacionados con estos explosivos pero no víctimas):

En estos 184 territorios se convocará a unos consejos de seguridad para determinar la veracidad del riesgo registrado por Acción contra Minas. Allí se confrontarán los registros de sospecha de minas que se tienen con la comunidad. En caso de que el riesgo sea remoto se descartará la intervención.


Con la intervención planificada antes de 2018 se van a descontaminar cerca de 21 millones de metros cuadrados de los 51,2 millones que hoy se encuentran contaminados. Es decir, el 38 por ciento.


Hasta el momento hay casi 3 millones de metros cuadrados despejados.




Nuevos actores


La Campaña Contra Minas, Handicap International y Ayuda Popular Noruega ya están acreditadas para adelantar operaciones de desminado en territorio colombiano. Antes solo The Halo Trust y el Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Desminaban.


ATEXX, la Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en Explosivos, una organización nacional creada en 2012, compuesta por miembros retirados de la fuerza pública con experiencia profesional y técnica en el manejo de explosivos y guías caninos ya superó la primera fase para para acreditarse como Organización Civil de Desminado Humanitario.




Así es una jornada de desminado en Colombia

The Halo Trust es la única organización civil que hasta el momento hace desminado humanitario en Colombia. Con su labor, desminadores, líderes y oficiales de operación preparan el terreno para la paz.


The Halo Trust llegó en 2009 y hasta 2013 recibió la acreditación necesaria para operar. Actualmente tiene 268 empleados que han logrado identificar 155 campos minados, destruir 260 minas antipersonal y 5 municiones sin explotar, finalizar el despeje de 79 áreas con sospecha de minas y beneficiar a cerca de 7.500 personas directa e indirectamente que ahora pueden transitar tranquilas. Todo en seis municipios del suroriente antioqueño libres de conflicto (Nariño, La Unión, Sonsón, San Rafael, Carmen de Viboral y Abejorral), uno en el departamento de Meta (San Juan de Arama) y otro en Tolima (Ataco).

Además, con la nueva asignación de municipios para respuesta rápida que recientemente hizo la Dirección para la Acción Integral Contra Minas, sus operaciones se expandirán a 14 municipios en Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.



Regreso a una tierra libre de minas

La vereda La Honda, en el suroriente antioqueño, hace parte de los casi 3 millones de metros cuadrados que se han despejado de minas. Sus habitantes están retornando.


La Honda es una vereda al sur del municipio de Carmen de Viboral (Antioquia), que por su posición estratégica fue corredor de los grupos armados. Antes del conflicto era un territorio tranquilo y próspero en el que vivían 35 familias, pero con la llegada consecutiva del ELN, las Farc y los paramilitares, la situación cambió drásticamente. Los líderes más queridos fueron asesinados, todas las familias se desplazaron y los paramilitares dinamitaron e incendiaron las casas.

Para 2001 ya era tierra de nadie y desde hace un tiempo, con la pacificación de la zona, la comunidad comenzó a clamar por el retorno. En agosto de 2014, el alcalde envió una petición a The Halo Trust para iniciar labores de desminado con la intención de poner en marcha un plan retorno obstaculizado por la sospecha de minas. Al cabo de dos meses comenzaron las operaciones en dos áreas peligrosas de la vereda: La Chusmarina y El Gorgojo. El 28 de agosto de 2015 parte de sus habitantes recibieron jubilosos la vereda libre de minas.

Estos son algunos momentos de un día tan histórico.

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En su mejor momento, La Honda tuvo 35 familias que vivían y trabajaban sus predios. Sin embargo, la presencia de tres actores armados desde mediados de los años noventa hizo que los pobladores se volvieran blanco de acciones de guerra y que varios caminos resultaran minados. En 2000, la situación se agravó cuando las Autodefensas de Córdoba y Urabá quemaron varias casas alegando que sus habitantes colaboraban con la guerrilla.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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A Orlando Botero y a su hijo William los paramilitares los torturaron por horas acusándolos de colaborar con la guerrilla. Luego de confirmar su inocencia, el comandante los liberó, no sin antes advertirles que, aunque con ellos ya no tendrían problema, lo mejor era salir para evitar que la guerrilla comenzara a verlos como colaboradores de las autodefensas. A los 15 días, don Orlando y su familia dejaron La Honda. Lo mismo ocurrió con las demás familias.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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Por más de una década los habitantes de La Honda permanecieron en el exilio. Muchos acabaron en Carmen de Viboral –la cabecera municipal–, distribuyeron a sus familias en veredas cercanas, y algunos más, aterrados, huyeron hacia Medellín. Dos accidentes con mina, uno en 2003 y otro en 2005, hicieron que regresar fuera impensable. Hoy en día sus rostros todavía denotan la tragedia del desplazamiento.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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En agosto de 2014, consciente de la problemática, el alcalde Néstor Martínez diseñó un plan retorno para la comunidad aprovechando que ya no había actores armados. Pero debido a la sospecha de que había minas en el área, el proyecto se retrasó. Solo en noviembre de 2014 The Halo Trust entró a desminar las áreas con sospecha, y retornar comenzó a ser una posibilidad.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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Las operaciones de desminado comenzaron en noviembre de ese año y campesinos como don Libardo de Jesús Ciro retornaron en cuanto supieron que se podía. Después de 19 años por fuera, regresó a su parcela en La Honda con el apoyo de la Alcaldía, que le entregó una casa, animales, semillas y mercados. “No me dio miedo, me eché la bendición y ya”, cuenta.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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El 28 de agosto de 2015, luego de haber desminado La Chusmarina, The Halo Trust realizó la ceremonia de entrega del territorio a las 11 familias que hasta el momento habían retornado. Además de los pobladores, al evento asistieron los directivos de la ONG británica, el general Rafael Colón, entonces director de Acción Contra Minas, el alcalde de Carmen de Viboral y representantes de la OEA y la Unión Europea.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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La ceremonia incluye un recorrido por el área desminada en el que los oficiales de The Halo Trust les muestran a los asistentes los puntos en los que fueron encontradas las minas y detalles del hallazgo. Allí, seis minas fueron desactivadas en un perímetro de 4.366 metros cuadrados. The Halo Trust estima que la geografía del área, por ser el filo de una montaña, fue utilizada como corredor obligado, lo cual hizo que los actores armados lo minaran para retrasar la avanzada del Ejército.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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La mayoría de los beneficiarios estaban tranquilos y jubilosos al momento de la entrega. Varios afirmaron que luego de la construcción de 14 viviendas dotadas de pozos sépticos, estufas y huertas caseras por parte de la Alcaldía, de la reconstrucción en curso de la escuela, y de la instalación de la red eléctrica, el desminado era lo único que faltaba para impulsar el desarrollo de su comunidad.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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Esta es una de las viviendas construidas por el gobierno local.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
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Ahora, libre de sospecha de minas, en La Honda se respira mucha calma. Los campesinos trabajan sus huertas y ultiman detalles de sus nuevas casas. Son conscientes de que las minas obstaculizaron por años el retorno a su tierra y perciben el desminado como el primer paso de su nueva vida. Ven con emoción la pavimentación de la vía de acceso a la vereda y esperan comercializar sus productos lo más pronto posible. El renacer de La Honda ha comenzado.

Foto: Pablo Andrés Monsalve


Un nuevo comienzo

A Orlando Elí Botero, uno de los retornados a La Honda, el desminado le cambió la vida.



Héroes de civil

En Colombia 268 civiles trabajan para sacar las minas de la tierra. Una víctima del conflicto y un exguerrillero de las Farc hacen parte de este grupo de héroes que arriesga su vida a diario.

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La increíble vida de un desminador

Los desminadores civiles de The Halo Trust han encontrado y destruido 260 minas y 5 municiones sin explotar.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
Eudora Morales

La increíble vida de un desminador

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La mayoría de los empleados de la ONG británica de desminado en Colombia, The Halo Trust, son víctimas de la violencia. Johany Zuluaga es uno de ellos.

Trabaja como oficial de operaciones de The Halo Trust y a sus 27 años sabe de primera mano qué es la guerra y qué es la paz. Johany Zuluaga nació en una vereda de Nariño, Antioquia, un pueblo que la guerrilla se tomó en dos ocasiones, en el que han ocurrido más de 20.000 hechos victimizantes y han caído 30 personas en las minas. Paradójicamente, al igual que Johany, Nariño también conoce el flagelo de la guerra y las mieles de la paz; es el primer municipio desminado por civiles en Colombia y todo gracias a la organización para la que trabaja. Cuando ocurrió la segunda peor toma de su pueblo, entre agosto y septiembre de 1999, tenía 10 años recién cumplidos. Recuerda que en la mañana del 30 de agosto la guerrilla tocó a su puerta para pedir prestada la cocina. Ante la imagen de 60 guerrilleros armados uno tras otro, sus padres desocuparon la cocina y dejaron a su suerte los pollos que tenían. A través de la puerta la familia alcanzó a oír cómo los guerrilleros planeaban la toma. “Nosotros teníamos familia en el casco urbano, entonces cuando ellos terminaron de comer mi mamá y yo salimos para allá en busca de mi abuela y de otros familiares”, cuenta Johany. Lastimosamente, no alcanzaron a llegar antes que las Farc. Los recibió el intercambio de disparos entre los 20 policías que custodiaban el comando y los cientos de guerrilleros que saltaban de las tapias. Los recuerdos de ese día permanecen intactos: “Me tocó ver morir mucha gente. Yo solo tenía 10 años y le tenía que decir a los guerrilleros: ‘señor, ¿me deja pasar?’. Antes de la toma había sabido de la muerte de varios vecinos que trabajaban en cultivos ilícitos pero jamás había vivido en carne propia un asesinato. “A un muchacho que conocía lo mataron justo frente a mí”. Luego de esa trágica experiencia, a la que sobrevivió tras perderse por día y medio de su mamá, la violencia lo marcó. En cuanto tuvo edad suficiente comenzó a trabajar con la población desplazada de Nariño y entonces The Halo Trust lo contactó. Le ofrecieron trabajar como desminador y, sin pensarlo dos veces, aceptó. “Mi municipio fue bastante golpeado por la violencia, por las minas antipersonal y por el desplazamiento. Mi intención era contribuir de alguna manera”.

EN FOTO: Los desminadores civiles de The Halo Trust han encontrado y destruido 260 minas y 5 municiones sin explotar.

Foto: Pablo Andrés Monsalve

De explosivista a desminador

En estos momentos The Halo Trust tiene 16 excombatientes empleados y 20 en capacitación.

Foto: Pablo Andrés Monsalve
Eudora Morales

De explosivista a desminador

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Como parte de un proyecto piloto con la Agencia Colombiana para la Reintegración, varios desmovilizados limpian los terrenos que en ocasiones ellos mismos minaron.

Fernando Cuesta* nació en Argelia, un municipio al oriente de Antioquia que alberga 67 víctimas de minas. Tiene 11 hermanos y tres hijos a los que no ve desde 2002, cuando ingresó a las filas de las Farc. Hoy, nueve años después de desmovilizarse, construye paz desminando con la ONG británica The Halo Trust.

Las constantes amenazas de las Farc lo obligaron a unirse a la guerrilla para evitar el desplazamiento de su familia y, al poco tiempo, como parte de sus funciones, comenzó a instalar minas. Para entonces tenía 24 años, vivía feliz con su compañera sentimental y sus tres hijos en una pequeña parcela y, de la nada, el panorama se nubló. Después de que los paramilitares se fueron, cuenta él, los guerrilleros llegaron a su pueblo a ajusticiar a los supuestos colaboradores de los paras. “Decían que si no colaborábamos con ellos era porque estábamos trabajando con los paramilitares y que si no queríamos hacerlo debíamos desocupar”, recuerda. Los guerrilleros le prometieron que su familia estaría bien, física y económicamente, por lo que accedió con mayor facilidad. Tiempo después se enteró de que finalmente la violencia había logrado desplazar a su señora y a sus hijos, pero para él no había vuelta atrás: “Ingresar a un grupo armado es como cambiar de papá; uno ya no le está haciendo caso al papá sino a un comandante que con el fusil lo obliga a lo que sea”.

Durante su tiempo en la guerra instaló minas, vio a muchos compañeros morir explotados y a otros perder las manos, los ojos o los pies. “Una vez coloqué una y cuando me retiré explotó. Me caían terrones y terrones en la espalda pero gracias a Dios nada grave me pasó. Ahí fue cuando decidí salirme”. Aprovechó su acceso a las comunicaciones radiales del grupo armado para saber dónde estaba el Ejército y entregarse; sabía cuáles eran los senderos seguros y qué áreas estaban libres, de guerrilla y de minas.

Hablar de su experiencia como minador lo pone nervioso porque ese es el flagelo que ahora enfrenta diariamente cuando sale a desminar. Dice que saber cuántas minas instaló es difícil ya que generalmente los guerrilleros recogen las que no explotaron y las reutilizan en otras zonas, pero en sus cuentas figuran unas 50 por semana. Las ponía, cuenta él, para evitar que el Ejército avanzara con rapidez pero, principalmente, para bajarles la moral a las tropas. “Allá no siembran una mina porque mate a un soldado sino porque afecta más verlo mocho que muerto. Que lo mate no les interesa mucho, lo que quieren es verlo jodido”. De ahí que las cargas explosivas de estos artefactos generalmente sean menores a una libra. Las de un kilo en adelante, cuenta él, están hechas para pulverizar.

Cuando piensa en los civiles que han caído en las minas también se quiebra, y aunque asegura que en las veredas donde minaba primero le avisaba a la gente cuáles eran las áreas riesgosas, le pesa reconocer que en muchos casos la necesidad de ir por alimento, de recoger cosechas o de asistir a la escuela, obligaba a la población civil a tomar los caminos prohibidos: “Ahí era cuando caían en las minas. Apenas sentía uno los tiestazos sabía que alguien había caído”.

Hace dos años Fernando entró a trabajar en The Halo Trust, la única organización civil que actualmente desmina en Colombia. Pasó por las mismas pruebas que los demás aspirantes al cargo y cree que su experiencia en el tema ha sido útil para Halo. “Muchos compañeros que han encontrado minas me buscan muertos del susto para preguntarme qué hacer. Yo les digo ‘relájese mijo, no se acelere, ya no le pasó nada y si usted hace las cosas bien nada va a pasar’”.

Revelar su pasado a los demás desminadores aún le cuesta trabajo pero cuando habla de cómo se siente lo invade una enorme satisfacción: “Hacer lo contrario a lo que hacía me hace feliz. Por una parte, el trabajo es bueno y, por otra, uno le está ayudando a la población civil”. Para Fernando, decirle algún día a los campesinos que lo reconocen en las veredas donde estuvo cuando era guerrillero que The Halo Trust sacará las minas que él mismo instaló todavía es un sueño por cumplir.

*Nombre cambiado por seguridad.

EN FOTO: En estos momentos The Halo Trust tiene 16 excombatientes empleados y 20 en capacitación.

Foto: Pablo Andrés Monsalve



Desminando con militares

Antes el Ejército solo desminaba los territorios que necesitaba despejar para el avance de sus tropas pero en 2005 decidió incursionar en el desminado humanitario, ese que saca las minas para que las comunidades vivan tranquilas y el Estado llegue.

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Desminado humanitario del Ejército

Desminado humanitario del Ejército

Así desmina el Ejército cuando su objeto es destruir las minas y los restos explosivos de la guerra para devolverle esos territorios a la población civil.

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Con precaución

Con precaución

Aunque las labores de desminado humanitario que realiza el Ejército se realizan con la mayor precaución posible, el riesgo es alto. Estas son las precauciones que el Batallón de Desminado Humanitario toma.

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La máquina que desmina Colombia

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En vista de que la labor de desminado resulta tediosa y peligrosa, el Ejército Nacional usa la Barre Minas, una máquina que puede salvar muchas vidas.

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PRÓTESIS: ALIVIO Y DRAMA

Para alguien que sobrevive a una mina antipersonal tener una prótesis que se ajuste a sus necesidades es crucial. El nuevo miembro adquiere un significado especial, sana el cuerpo y también el alma. Desafortunadamente, acceder a estas no es nada fácil.


El coronel Luis Arteaga Ordoñez está a cargo del Batallón de Sanidad del Ejército desde hace tres años -periodo en el que se redujo el número de confrontaciones y de víctimas-. Con orgullo, pero sobre todo con tranquilidad, Arteaga cuenta que desde hace un año no ha llegado ninguna nueva víctima, que atrás quedaron esas épocas en las que por semana recibía siete soldados con alguna amputación por culpa de una mina antipersonal.

Y él cuenta también que el batallón pasó de tener casi 200 jóvenes en recuperación a tener 50 y que en seis meses -estima Arteaga con optimismo- habrá terminado su labor el equipo interdisciplinario (psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales, entre otros) que atiende a las víctimas, en una primera fase: la atención inmediata después del incidente.

“Hace 15 años tuve la oportunidad –recuerda el coronel- de estar en este mismo batallón como capitán, una época en la que no había muchas garantías para las personas con lesiones y situaciones de discapacidad por efectos del conflicto interno. Las prótesis en ese momento eran un experimento porque no se habían desarrollado muchas técnicas o tecnologías. Los soldados peleaban por su silla de ruedas, pero esa mentalidad ya cambió. Hoy el soldado ya no quiere una silla, se ha dado cuenta que es posible una recuperación funcional y de igual forma, un proceso de inclusión”.

Según Arteaga, el 95 por ciento de los jóvenes que pertenecen al Ejército y que han sufrido accidentes por minas ya tienen garantizada su prótesis –elaboradas por Ottobock, una de las compañías con la tecnología más avanzada en el mercado. Y el tiempo que tarda un soldado en recibir el reemplazo artificial depende de un buen proceso de cicatrización. Sin embargo, entre la primera prótesis (la de práctica, de adaptación) hasta la definitiva no pasan más de seis meses.

Para quienes sufren incidentes con minas antipersonal, de lo más difícil de aceptar durante la recuperación física y psicológica es saber que no pueden caminar, correr o desplazarse como antes. Para la psicóloga Nancy Liliana Bello, quien lleva 11 años trabajando con pacientes amputados, invidentes y discapacitados, la prótesis implica funcionalidad y es fundamental para la recuperación.

“El proceso de rehabilitación –explica Bello- va más allá de la prótesis: tienen diferentes motivaciones para superar el trauma. Necesitan, además de recursos, un apoyo familiar o externo. Pero con la prótesis se sienten completos, pues dejan los bastones a un lado y pueden caminar. Esa sensación de sentirse funcionales, les cambia el estado de ánimo y les da una perspectiva diferente de cómo afrontar su problema”.

Acceder a la prótesis es clave, pero el costo puede ser un obstáculo. Según Ottobock, su precio varía entre 2 y 170 millones de pesos. Las diferencias están en el tipo de amputación (miembro superior o inferior) y la tecnología aplicada. Una prótesis con buen mantenimiento y uso adecuado puede durar entre 3 y 5 años. Pero hay elementos como el socket (las fundas cosméticas) y los liners (los guantes) que deben cambiarse cada 6 o 12 meses.

La diferencia entre los soldados y los civiles es abismal. Los primeros están respaldados por el subsistema de salud de las fuerzas militares (incluye el hospital militar) y reciben una indemnización. Además, en la mayoría de casos son retirados del Ejército con una pensión que asciende a 1’000.000 de pesos mensuales y cuentan con el apoyo del fondo de solidaridad que les asegura el acceso a una vivienda.

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En algún rincón del Vichada, Víctor Manuel Cruz, de 23 años, perdió su pierna derecha al caer en un campo minado en medio de una operación militar. Aunque lleva un año en recuperación y su meta es graduarse de mecánica automotriz o economía, el dolor que significó pisar una mina está representado en un payaso que sonríe para los demás, pero sufre internamente, y que lleva tatuado en su prótesis.

Foto: Esteban Vega La-Rotta
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Omar Yasir Gómez viene de una familia muy religiosa del Chocó. Él, evangélico y creyente desde pequeño, no dudó en poner una imagen de Cristo en la prótesis que hoy ocupa el lugar de su pierna izquierda y que perdió después de pisar un artefacto explosivo en el municipio de Altamira, Huila.

Foto: Esteban Vega La-Rotta
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Uber Mondragón tiene 26 años, brazos anchos y una sonrisa permanente. Es de Buenaventura y al hablar de la mina que lo dejó sin una pierna, se le entrecorta la voz. Su tranquilidad regresa cuando cuenta que al ver que sus demás compañeros ponían alguna imagen en la prótesis decidió hacer lo mismo con un camuflado que representa el uniforme del ejército.

Foto: Esteban Vega La-Rotta
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Jader Atencio, de 34 años, creció escuchando los partidos del Atlético Nacional en un viejo radio que tenían sus abuelos en Sincelejo, Sucre. Tiene una prótesis que reemplaza el pie derecho que perdió, mientras patrullaba una trocha abandonada en el municipio de Tarazá, Antioquia y a la que decidió ponerle el escudo de su equipo de fútbol favorito, pues representa su pasión y una motivación para seguir adelante.

Foto: Esteban Vega La-Rotta

Entre tanto, las personas que no pertenecen a las fuerzas armadas y que también fueron víctimas de minas, deben solicitar la prótesis a través de su EPS, un proceso que tarda demasiado y cuyos resultados, la mayoría de veces, no son satisfactorios.

Reinel Barbosa, coordinador de la Red Nacional de Sobrevivientes de minas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados y personas víctimas con discapacidad, es testigo de esta difícil situación. En 2008, a sus 23 años, cuando se dirigía a la casa de un amigo en la vereda El diamante, del municipio La Uribe, Meta, pisó una mina que le quitó la pierna izquierda.

Su primera prótesis la obtuvo en diciembre de ese año gracias a la ayuda de una ONG. Sin embargo, desde ese momento ha tenido que renovarla dos veces ante su entidad prestadora de salud en Bogotá. En total esperó 18 meses para recibir su prótesis, de 11 millones de pesos, que recibió luego de interponer una tutela.

Barbosa asegura que los afectados por una mina no tienen ninguna preferencia en el sistema de salud y, como si se tratara de una gripa o de cualquier enfermedad, deben soportar el tortuoso proceso que pasan miles de colombianos para recibir atención médica: solicitar una cita en medicina general, esperar a que lo remitan con un especialista –en este caso un ortopedista- quien debe autorizar una cita con un fisiatra, quien a su vez decide o no si la prótesis es necesaria.

Una vez se tienen las autorizaciones, proceso en el que pueden demorarse seis meses, la EPS determina la entidad encargada de la rehabilitación del paciente, centros que en muchas ocasiones no cuentan con los elementos necesarios para el tratamiento que requiere una víctima. Esta serie de trámites engorrosos deben realizarse siempre, así la persona solicite una renovación de prótesis.

Reinel Barbosa habla desde su experiencia: “Mi proceso fue en Bogotá, pero en zonas rurales las víctimas tienen un problema adicional y es que no tienen plata para desplazarse a las ciudades donde están los centros de rehabilitación, en muchas ocasiones las órdenes médicas se vencen y deben empezar el proceso nuevamente. Hay gente que accede rápido, pero la calidad de las prótesis no es la más óptima. Y si bien son una gran ayuda cuando están bien adaptadas a la necesidad de cada persona, si no es así les vuelve la vida más desgraciada porque es un aparato que les está tallando, que pesa mucho, que no es funcional”.

Lo más grave es que estos casos son los más frecuentes en el país. De acuerdo con el Centro Integral de Rehabilitación en Colombia (Cirec), una de las fundaciones sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, la mayoría de los eventos por minas antipersonal se presentan en zonas rurales. Y el traslado, por tres meses, cuesta aproximadamente 2.500.000 pesos.

En teoría y por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, las EPS deberían cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje de las personas que requieren atención médica fuera de su ciudad de origen. Sin embargo, son más las denuncias y tutelas que recibe el sistema de salud por el incumplimiento de esta obligación.

Los hechos demuestran que no es suficiente con que la cifra de víctimas haya disminuido, pues las minas que están en las veredas y los municipios más alejados siguen representando un peligro. Y aunque ya se adelanta un proceso de desminado en el país, el verdadero reto del posconflicto es una política pública que facilite el acceso de las víctimas a la reparación física, psicológica y económica que necesitan y merecen.







PERSONAJES

Una nobel de paz, un politólogo que perteneció al M-19 y un empresario dedican parte de su vida a erradicar las minas antipersonal desde el activismo, la educación en riesgo de minas y la confección de prendas para desminar.

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La activista contra las minas

La activista contra las minas

Jody Williams, premio nobel de Paz de 1997, logró que la comunidad internacional prohibiera las minas. Habló con SEMANA sobre su interminable lucha.

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El encargado de vestir a los desminadores

El encargado de vestir a los desminadores

Desde 1995 Miguel Caballero junto con el Ejército Nacional diseña trajes de protección personal para las personas que hacen desminado humanitario y militar. El uniforme completo puede costar alrededor de 10 mil dólares.

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Una labor desconocida pero vital

Eudora Morales

Una labor desconocida pero vital

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Álvaro Jiménez se dedica a prevenir los accidentes con minas antipersonal. Gracias a la organización que fundó hace 17 años ha salvado muchas vidas.

La indolencia frente a las minas llevó a Álvaro Jiménez a asistir a las víctimas de este drama y a promover la educación en el riesgo de estos artefactos. Jiménez estudió ciencias políticas y en su juventud fue miembro del M-19. En 1999 se enteró de que en la vereda El Aporreadero, en Segovia, Antioquia, había estallado una mina y de ahí en adelante su vida fue otra: “En ese momento comprendí que la siembra de estos artefactos era uno de los flagelos más grandes que tenía el país”.

Ese año creó la Campaña Colombiana contra Minas, donde se desempeña como director. Esta organización civil es la abanderada de la educación en el riesgo de minas, una labor desconocida pero vital para prevenir los accidentes con estos explosivos, más cuando las minas son un enemigo oculto que seguirá haciendo daño así el conflicto armado termine (pueden durar activas varias décadas).

Desde 2001, la Campaña visita los territorios con posible contaminación por minas y a través de talleres lúdicos le enseña a la población a identificarlas, los lugares donde pueden estar escondidas, el daño que hacen y cómo actuar si entran en un campo minado o se encuentran con una víctima.

Jiménez participó en el Acuerdo Especial sobre minas antipersonal entre el gobierno y las Farc que se firmó en La Habana el año pasado con una propuesta de 57 sitios aptos para intervención en desminado. Y de allí salió Orejón, la vereda del municipio de Briceño (Antioquia) en donde por primera vez guerrilleros y soldados desminaron juntos.

En 17 años, este guerrero de bajo perfil ha logrado llevar la educación en el riesgo de minas a 21 departamentos del país, es decir, evitó que miles de colombianos murieran o quedaran heridos por las minas. Su labor, aunque incalculable, es digna de admiración.

¿Cómo funciona la educación en el riesgo de minas?

  • La Campaña Colombiana contra Minas identifica en las zonas posiblemente contaminadas por minas a los líderes comunitarios y los capacita para que, mediante talleres lúdicos, informen a la comunidad sobre el riesgo que implican y cómo prevenir los accidentes.

  • Los talleres tienen máximo 30 participantes y duran aproximadamente dos horas. En zonas de emergencia la formación de la comunidad en el riesgo de minas puede durar máximo tres meses, mientras que en áreas donde la amenaza no es inminente el proceso se extiende hasta un año.

  • A través de diferentes juegos los pobladores aprenden a identificar las minas, dónde se encuentran, qué hacer en caso de entrar en un campo minado y cómo auxiliar a una víctima. Uno de ellos es un Concéntrese, en el que deben unir imágenes de minas y zonas peligrosas que deben asociar con términos relacionados con esta problemática; un mapa didáctico en el que las personas deben ubicar los lugares peligrosos donde posiblemente haya minas; o tarjetas con mitos sobre la duración y nocividad de estos explosivos, entre otros. Los juegos permiten que sin aplicar la lectoescritura, los participantes asimilen la información.

  • La idea es que los asistentes a los talleres multipliquen el conocimiento aprendido con sus familiares y amigos para que la comunidad entera quede informada.

  • A las personas que por algún motivo no pueden asistir a los talleres, la Campaña Colombiana contra Minas les da la posibilidad de visitarlos en sus casas y capacitarlas.

  • Hace cuatro años esta organización logró que en todos los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de las escuelas ubicadas en territorios con sospecha de minas, se incluyera este tipo de educación como una asignatura más.

  • En Caquetá, Chocó, Arauca y Nariño varios sobrevivientes de minas se sumaron a la causa y ahora trabajan como educadores en el riesgo de minas en sus comunidades.

  • Esta educación es necesaria hasta que Colombia sea declarada libre de sospecha de minas antipersonal. 2021 es el año en que el gobierno se comprometió a estarlo. De lo contrario, los accidentes ocurrirán con más frecuencia.