El mapa del desminado en Colombia

El desminado humanitario es una labor de años. En Colombia hasta el momento se han despejado casi 3 millones de metros cuadrados de los 51,2 millones que se estima están contaminados por minas.

Colombia sin minas en 2021

Colombia se comprometió con el mundo a estar libre de sospecha de minas en 2021, lo que implicó cambios en el modelo de intervención del gobierno, nuevos presupuestos, más actores y una acción integral.

Así es una jornada de desminado en Colombia

The Halo Trust es la única organización civil que hasta el momento hace desminado humanitario en Colombia. Con su labor, desminadores, líderes y oficiales de operación preparan el terreno para la paz.

The Halo Trust llegó en 2009 y hasta 2013 recibió la acreditación necesaria para operar. Actualmente tiene 268 empleados que han logrado identificar 155 campos minados, destruir 260 minas antipersonal y 5 municiones sin explotar, finalizar el despeje de 79 áreas con sospecha de minas y beneficiar a cerca de 7.500 personas directa e indirectamente que ahora pueden transitar tranquilas. Todo en seis municipios del suroriente antioqueño libres de conflicto (Nariño, La Unión, Sonsón, San Rafael, Carmen de Viboral y Abejorral), uno en el departamento de Meta (San Juan de Arama) y otro en Tolima (Ataco).

Además, con la nueva asignación de municipios para respuesta rápida que recientemente hizo la Dirección para la Acción Integral Contra Minas, sus operaciones se expandirán a 14 municipios en Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

Regreso a una tierra libre de minas

La vereda La Honda, en el suroriente antioqueño, hace parte de los casi 3 millones de metros cuadrados que se han despejado de minas. Sus habitantes están retornando.

La Honda es una vereda al sur del municipio de Carmen de Viboral (Antioquia), que por su posición estratégica fue corredor de los grupos armados. Antes del conflicto era un territorio tranquilo y próspero en el que vivían 35 familias, pero con la llegada consecutiva del ELN, las Farc y los paramilitares, la situación cambió drásticamente. Los líderes más queridos fueron asesinados, todas las familias se desplazaron y los paramilitares dinamitaron e incendiaron las casas.

Para 2001 ya era tierra de nadie y desde hace un tiempo, con la pacificación de la zona, la comunidad comenzó a clamar por el retorno. En agosto de 2014, el alcalde envió una petición a The Halo Trust para iniciar labores de desminado con la intención de poner en marcha un plan retorno obstaculizado por la sospecha de minas. Al cabo de dos meses comenzaron las operaciones en dos áreas peligrosas de la vereda: La Chusmarina y El Gorgojo. El 28 de agosto de 2015 parte de sus habitantes recibieron jubilosos la vereda libre de minas.

Estos son algunos momentos de un día tan histórico.

Un nuevo comienzo

A Orlando Elí Botero, uno de los retornados a La Honda, el desminado le cambió la vida.

Héroes de civil

En Colombia 268 civiles trabajan para sacar las minas de la tierra. Una víctima del conflicto y un exguerrillero de las Farc hacen parte de este grupo de héroes que arriesga su vida a diario.

Desminando con militares

Antes el Ejército solo desminaba los territorios que necesitaba despejar para el avance de sus tropas pero en 2005 decidió incursionar en el desminado humanitario, ese que saca las minas para que las comunidades vivan tranquilas y el Estado llegue.

El coronel Luis Arteaga Ordoñez está a cargo del Batallón de Sanidad del Ejército desde hace tres años -periodo en el que se redujo el número de confrontaciones y de víctimas-. Con orgullo, pero sobre todo con tranquilidad, Arteaga cuenta que desde hace un año no ha llegado ninguna nueva víctima, que atrás quedaron esas épocas en las que por semana recibía siete soldados con alguna amputación por culpa de una mina antipersonal.

Y él cuenta también que el batallón pasó de tener casi 200 jóvenes en recuperación a tener 50 y que en seis meses -estima Arteaga con optimismo- habrá terminado su labor el equipo interdisciplinario (psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales, entre otros) que atiende a las víctimas, en una primera fase: la atención inmediata después del incidente.

“Hace 15 años tuve la oportunidad –recuerda el coronel- de estar en este mismo batallón como capitán, una época en la que no había muchas garantías para las personas con lesiones y situaciones de discapacidad por efectos del conflicto interno. Las prótesis en ese momento eran un experimento porque no se habían desarrollado muchas técnicas o tecnologías. Los soldados peleaban por su silla de ruedas, pero esa mentalidad ya cambió. Hoy el soldado ya no quiere una silla, se ha dado cuenta que es posible una recuperación funcional y de igual forma, un proceso de inclusión”.

Según Arteaga, el 95 por ciento de los jóvenes que pertenecen al Ejército y que han sufrido accidentes por minas ya tienen garantizada su prótesis –elaboradas por Ottobock, una de las compañías con la tecnología más avanzada en el mercado. Y el tiempo que tarda un soldado en recibir el reemplazo artificial depende de un buen proceso de cicatrización. Sin embargo, entre la primera prótesis (la de práctica, de adaptación) hasta la definitiva no pasan más de seis meses.

Para quienes sufren incidentes con minas antipersonal, de lo más difícil de aceptar durante la recuperación física y psicológica es saber que no pueden caminar, correr o desplazarse como antes. Para la psicóloga Nancy Liliana Bello, quien lleva 11 años trabajando con pacientes amputados, invidentes y discapacitados, la prótesis implica funcionalidad y es fundamental para la recuperación.

“El proceso de rehabilitación –explica Bello- va más allá de la prótesis: tienen diferentes motivaciones para superar el trauma. Necesitan, además de recursos, un apoyo familiar o externo. Pero con la prótesis se sienten completos, pues dejan los bastones a un lado y pueden caminar. Esa sensación de sentirse funcionales, les cambia el estado de ánimo y les da una perspectiva diferente de cómo afrontar su problema”.

Acceder a la prótesis es clave, pero el costo puede ser un obstáculo. Según Ottobock, su precio varía entre 2 y 170 millones de pesos. Las diferencias están en el tipo de amputación (miembro superior o inferior) y la tecnología aplicada. Una prótesis con buen mantenimiento y uso adecuado puede durar entre 3 y 5 años. Pero hay elementos como el socket (las fundas cosméticas) y los liners (los guantes) que deben cambiarse cada 6 o 12 meses.

La diferencia entre los soldados y los civiles es abismal. Los primeros están respaldados por el subsistema de salud de las fuerzas militares (incluye el hospital militar) y reciben una indemnización. Además, en la mayoría de casos son retirados del Ejército con una pensión que asciende a 1’000.000 de pesos mensuales y cuentan con el apoyo del fondo de solidaridad que les asegura el acceso a una vivienda.

Entre tanto, las personas que no pertenecen a las fuerzas armadas y que también fueron víctimas de minas, deben solicitar la prótesis a través de su EPS, un proceso que tarda demasiado y cuyos resultados, la mayoría de veces, no son satisfactorios.

Reinel Barbosa, coordinador de la Red Nacional de Sobrevivientes de minas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados y personas víctimas con discapacidad, es testigo de esta difícil situación. En 2008, a sus 23 años, cuando se dirigía a la casa de un amigo en la vereda El diamante, del municipio La Uribe, Meta, pisó una mina que le quitó la pierna izquierda.

Su primera prótesis la obtuvo en diciembre de ese año gracias a la ayuda de una ONG. Sin embargo, desde ese momento ha tenido que renovarla dos veces ante su entidad prestadora de salud en Bogotá. En total esperó 18 meses para recibir su prótesis, de 11 millones de pesos, que recibió luego de interponer una tutela.

Barbosa asegura que los afectados por una mina no tienen ninguna preferencia en el sistema de salud y, como si se tratara de una gripa o de cualquier enfermedad, deben soportar el tortuoso proceso que pasan miles de colombianos para recibir atención médica: solicitar una cita en medicina general, esperar a que lo remitan con un especialista –en este caso un ortopedista- quien debe autorizar una cita con un fisiatra, quien a su vez decide o no si la prótesis es necesaria.

Una vez se tienen las autorizaciones, proceso en el que pueden demorarse seis meses, la EPS determina la entidad encargada de la rehabilitación del paciente, centros que en muchas ocasiones no cuentan con los elementos necesarios para el tratamiento que requiere una víctima. Esta serie de trámites engorrosos deben realizarse siempre, así la persona solicite una renovación de prótesis.

Reinel Barbosa habla desde su experiencia: “Mi proceso fue en Bogotá, pero en zonas rurales las víctimas tienen un problema adicional y es que no tienen plata para desplazarse a las ciudades donde están los centros de rehabilitación, en muchas ocasiones las órdenes médicas se vencen y deben empezar el proceso nuevamente. Hay gente que accede rápido, pero la calidad de las prótesis no es la más óptima. Y si bien son una gran ayuda cuando están bien adaptadas a la necesidad de cada persona, si no es así les vuelve la vida más desgraciada porque es un aparato que les está tallando, que pesa mucho, que no es funcional”.

Lo más grave es que estos casos son los más frecuentes en el país. De acuerdo con el Centro Integral de Rehabilitación en Colombia (Cirec), una de las fundaciones sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, la mayoría de los eventos por minas antipersonal se presentan en zonas rurales. Y el traslado, por tres meses, cuesta aproximadamente 2.500.000 pesos.

En teoría y por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, las EPS deberían cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje de las personas que requieren atención médica fuera de su ciudad de origen. Sin embargo, son más las denuncias y tutelas que recibe el sistema de salud por el incumplimiento de esta obligación.

Los hechos demuestran que no es suficiente con que la cifra de víctimas haya disminuido, pues las minas que están en las veredas y los municipios más alejados siguen representando un peligro. Y aunque ya se adelanta un proceso de desminado en el país, el verdadero reto del posconflicto es una política pública que facilite el acceso de las víctimas a la reparación física, psicológica y económica que necesitan y merecen.