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SUELOS

Esta pierna en caucho, tronco, cabuya y tornillos, le sirvió por años a un campesino para trabajar la tierra.

Foto: Ana Vallejo

SUELOS

MINADOS

El 98 por ciento de los eventos relacionados a minas antipersonal en el país ocurrieron en zonas rurales. Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño y Norte de Santander son los departamentos más afectados.



L

as minas antipersonal condenan a las comunidades afectadas al subdesarrollo. Mientras sigan enterradas a la espera de un incauto que las pise, la movilidad de los pobladores permanecerá restringida. No podrán acercarse a las riberas, cruzar los caminos que utilizan para ir al trabajo y a la escuela, las vías que necesitan nunca se construirán y mucho menos los centros de salud que tanto añoran. Cultivar la tierra será cada vez más riesgoso, restituir los predios despojados por la violencia, imposible, y la pobreza seguirá llevando a estas comunidades a optar por la ilegalidad para sobrevivir. Son muchos los suelos minados que hay en Colombia, unos 51 millones de metros cuadrados. Algunos llevan décadas alojando al enemigo oculto y otros ya están libres de él y comienzan a ver al Estado llegar. Sin embargo, muchos siguen esperando que llegue el desminado humanitario y retire las minas.





PUNTOS DE DOLOR

En el mundo las estadísticas de Colombia en cuanto a minas antipersonal son lamentables. Internamente la situación no cambia: solo uno de sus 32 departamentos no ha sufrido este flagelo.



Un compromiso mundial

Colombia, junto a 161 países más, ha firmado el Tratado de Ottawa, uno de los acuerdos más aceptados en todo el mundo.


UN COMPROMISO MUNDIAL

Colombia, junto a 161 países más, ha firmado el Tratado de Ottawa, uno de los acuerdos más aceptados en todo el mundo. Estos son:

El 88%

de las víctimas de minas en el mundo

son población civil que nada tenía que ver con el conflicto


LAMENTABLE PRIMER RANKING

En 663 municipios -cerca del 60 por ciento de los municipios del país- existe riesgo de minas: hay 199 donde en los últimos cinco años se han presentado víctimas, 291 que llevan cinco años sin víctimas y 184 en los que ha habido incidentes relacionados con estos explosivos pero no víctimas.

El 98%

de los eventos relacionados a minas (denuncias, sospechas, accidentes)

sucedieron en zonas rurales.

— Departamentos con más víctimas:

— Antioquia: 2.524

— Meta: 1.134

— Caquetá: 933

— Nariño: 858

— Norte de Santander: 8034


— Municipios con más víctimas:

— Vistahermosa, Meta: 362

— Tame, Arauca: 345

— San Vicente del Caguán, Caquetá: 259

— SMontañita, Caquetá: 249

— Tarazá, Antioquia: 237


El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el único departamento que no ha tenido eventos o accidentes relacionados con minas.

El año con más víctimas por minas antipersonal en Colombia
fue 2006, con 1.232 casos.

Se estima que hay
51,2 millones de metros cuadrados en el territorio nacional
contaminados por minas.








CASOS

Estos territorios tienen una estrecha relación con las minas antipersonal: fueron campo minado y hoy están libres de sospecha, sus habitantes están confinados por ellas, o hacen parte del plan del gobierno en el que guerrilleros y soldados desminan juntos.



El primer pueblo minado

Entre 1986 y 1993, el Carmen de Chucurí, Santander, vivió un sangriento capítulo cuando sus pobladores se rebelaron contra la guerrilla que los había subyugado por 25 años. El ELN respondió instalando minas antipersonal.


El asesinato en 1991 de Alirio Beltrán fue uno de los hechos que motivaron a la gente de El Carmen de Chucurí a rebelarse con el Eln, a lo esta guerrilla respondió instalando minas.


"Cuando llegué al Carmen de Chucurí me encontré con una madurez política en la población que me sorprendió. Un campesino, que no sabía leer ni escribir, hablaba de lucha de clases, de teología de la liberación, de política petrolera…”. Germán Pataquiva tenía 27 años, era capitán del Ejército y tenía la misión de arrancarle al ELN el poder de aquel pueblo. Esa guerrilla había comenzado a operar allí en 1964 y por años había sido el centro militar de su fundador, Fabio Vásquez Castaño. Allá llegó Pataquiva, en 1989, con 250 hombres, y allá se encontró con una comunidad adoctrinada. O al menos eso creyó él en un principio.

La llegada de Pataquiva coincidió con el principio de la rebelión del pueblo. Algunos campesinos, que luego serían tachados de “autodefensas”, habían empezado a desobedecer al régimen guerrillero que los había dominado durante 25 años. “Empezó a despertarse un espíritu de libertad porque la gente estaba cansada. Si usted tenía dos hijos uno de ellos se quedaba en la finca y el otro era para la guerrilla, y le estoy hablando de niños de 9, 10 y 11 años –cuenta Tránsito Mejía Bravo, quien fue personera y secretaria de gobierno–. Si en la casa había una niña, tenía que estar dispuesta a acostarse con los comandantes o si no sus papás se convertían en objetivo militar. Fueron años muy crueles”.

Fueron años en los que se crearon centros de adoctrinamiento y en los que las tierras de muchos campesinos fueron convertidas en cooperativas o colectivos de producción destinados a alimentar a la guerrilla. El final de esa dictadura estuvo marcado por tres hechos: en 1986 el Carmen de Chucurí se convirtió en municipio (hasta ese momento era un corregimiento de San Vicente de Chucurí) y ese, dice Tránsito Mejía, fue el primer capítulo de “la historia cruel del Carmen... La guerrilla no estaba de acuerdo en que se elevara a municipio porque eso representaba progreso. A ellos les sirve es que el pueblo esté marginado, subyugado. Entonces se incrementó el reclutamiento, las violaciones, los secuestros…”.

El segundo episodio tuvo lugar en 1988, cuando la guerrilla retuvo a Noel Francisco Acevedo, primer alcalde elegido democráticamente. El pueblo sintió que le estaban enviando un mensaje: “Aquí la guerrilla sigue siendo la ley”. Tercer episodio, 1991: Alirio Beltrán, el alcalde querido y respetado por el pueblo, fue asesinado por la guerrilla. Cuenta Tránsito, entre sollozos, que encontraron el cuerpo en la carretera, “todavía calientico”, con signos de tortura. Sentencia Tránsito, con tono airado, que ese día el pueblo entero le dio la espalda a la guerrilla para siempre, y le pidió al Ejército que lo protegiera a cambio de señalar a los guerrilleros que habían vivido años y años camuflados entre ellos.

Ya el Ejército había empezado una fuerte campaña para legitimarse, comandada por el capitán Pataquiva: “Ellos nos veían como el enemigo, entonces yo reuní a mis hombres y les dije que íbamos a ganar esta confrontación ideológica, de finca en finca, hablándoles a los campesinos mientras les ayudábamos a mejorar las condiciones en las que vivían: construyendo letrinas, levantando cercas y techos, pintando las fincas…”.

El ELN le declaró la guerra a la población civil. “Tomó la decisión de desplazarlos instalando minas antipersonal”, dice Pataquiva; convirtieron al Carmen de Chucurí en el primer municipio del país minado por un actor armado ilegal, con el fin de expulsar a la comunidad. Y aunque no lo lograron, unos 235 civiles murieron en esa “historia cruel de El Carmen” que se extendió hasta 1993, y en la que también terminó involucrada la guerrilla de las Farc. “Fue una guerra dura, dura, dura”, dice Tránsito Mejía, con una voz que todavía carga dolor. Luego recalca que hoy, aunque “no hay mucho progreso, somos un pueblo honesto, trabajador… y libre”.



Cuando el ELN desminó un corregimiento

Micoahumado, uno de los corregimientos del municipio de Morales en Bolívar, fue el primer pueblo del país en lograr que un grupo armado ilegal desminara su territorio.


Micoahumado es un pueblo destinado a no pasar desapercibido. No solo llama la atención por su nombre, que tiene que ver con el mico a la brasa con el que se alimentaban sus primeros pobladores, sino también por las dinámicas de conflicto que han tenido lugar en su territorio.

Y es que los habitantes de este corregimiento, que tuvieron que soportar los enfrentamientos entre ELN, Ejército y paramilitares, han demostrado que la organización y el sentido comunitario son suficientes para alcanzar el respeto de los actores armados. En 2005, y gracias al diálogo y a la persistencia, este rincón del Magdalena Medio logró que la guerrilla del ELN desminara su suelo.

Antes de que toda esta suerte de cosas sucediera, “Micoahumado era zona de guerra. Primero, llegó la guerrilla en los años setenta, y después, los paramilitares a finales de los ochenta”, recuerda Pablo Quintana, uno de los líderes del proceso de desminado. Como parte de esa guerra, que se empeña en inventar nuevas formas de acabar con el enemigo, las minas antipersonal se convirtieron en una de las armas predilectas del ELN para detener las incursiones paramilitares.

La guerrilla minó el acueducto, y luego, varios caminos de acceso al corregimiento. Ya no se podía caminar por Micoahumado, y ante esa situación insoportable, la comunidad decidió dialogar con ellos. Para los habitantes del pueblo las exigencias no eran nada del otro mundo: desminar el territorio y respetar el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, para el comando central del ELN, el acto traducía una ventaja militar frente a paramilitares y ejército.

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Guerrilleros del ELN sacando las minas en Micoahumado, Bolívar, luego de que la comunidad se los pidiera.

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Guerrilleros del ELN durante el desminado en Micoahumado, Bolívar.

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La vereda La Caoba fue uno de los territorios que se beneficiaron del desminado que el ELN hizo en Micoahumado, Bolívar.




“Lo más difícil del proceso de desminado fue hacerle entender al ELN que su estrategia militar no era nuestro problema, y que Colombia era un país libre, donde la gente tenía derecho a transitar con tranquilidad”, asegura Agueda Plata, del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Además, Plata confiesa que “el miedo y la incertidumbre de no saber para dónde iba el diálogo fue otra de las dificultades con las que se enfrentó este proceso”. No obstante, ese día de febrero en que el comando central del ELN emitió el comunicado donde sostenía que había desminado el territorio de Micoahumado, desaparecieron las nubes, y con ellas, las dudas.

Durante el desminado murieron varios guerrilleros, muchos de ellos, víctimas de minas que habían sido instaladas durante los combates y de las que no se tenía registro en los mapas del ELN. Como parte del proceso, esas hojas de ruta fueron entregadas a la comunidad con el fin de que, como asegura Francisco De Roux, “ningún niño volviera a ser víctima de minas antipersonal”.

Para Quintana, “Micoahumado es sinónimo de resistencia, comunidad, paz y reconciliación”; así como un ejemplo claro para el país de que se pueden lograr grandes cosas desde la sociedad civil, en este caso, de la mano de Redepaz, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Iglesia.

El Estado colombiano se negó a verificar que, en efecto, el ELN hubiera desminado el territorio. Según él, porque el desminado de este corregimiento había sido de carácter comunitario, y no humanitario. Fue así, como a la gente del pueblo no le quedó otro camino que confiar en la guerrilla. Afortunadamente, la apuesta salió bien, y Micoahumado le demostró al país que una de las formas de alcanzar la paz, es no subestimar el valor de la palabra.



Las dos caras de la moneda

San Carlos (Antioquia) y San Miguel (Putumayo) hacen parte del centenar de municipios que han sido afectados por minas antipersonal en el país. Sin embargo, sus historias tienen desenlaces diferentes.


De no ser por el conflicto armado, la única coincidencia entre San Carlos y San Miguel sería su número de habitantes, que en ambos casos, no supera los 20 mil. Los dos municipios saben qué es la guerra, pues su territorio ha tenido que soportar el flagelo de las minas antipersonal.

Las Farc, el ELN y las autodefensas empezaron a minar el suelo de San Carlos desde los años ochenta, bajo la excusa de controlar la zona y para detener los ataques de frentes enemigos. No había lugar en el pueblo donde se pudiera caminar tranquilo y según María Patricia Giraldo, exalcaldesa de ese municipio, “había miedo entre los habitantes. Muchos no se atrevían a regresar al pueblo, y la tierra se volvió improductiva, pues no se tenía certeza sobre los lugares exactos donde estaban instaladas las minas”.

San Carlos pasó a ser una de las prioridades del Batallón de Desminado en 2009, y fue esta misma dependencia del Ejército la que se encargó de iniciar las labores de desminado humanitario en ese territorio. La tarea titánica, que finalizó en 2012, permitió que este pueblo del oriente antioqueño le dijera adiós a las minas, y se convirtiera en el primer municipio libre de sospecha de estos artefactos en el país.

Para Pedro Aristizábal, habitante de San Carlos, las 128 víctimas que dejaron las explosiones nunca debieron producirse, no obstante, hoy admite sentirse “seguro al andar por los caminos de mi pueblo. Y esa, es la mayor libertad que uno pueda tener en la vida, poder caminar sin pensar en que una mina le quite la vida”.

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En San Carlos el conflicto y las minas ocasionaron el desplazamiento de 7 de cada 10 de sus habitantes, lo que hizo que en el pueblo ahora casi no haya jóvenes.

Foto: David Amado
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San Miguel es el séptimo municipio con más cultivos de coca por lo que la presencia de minas en sus suelos es alta.

Foto: AP/Fernando Vergara


Desafortunadamente, ese mismo derecho a caminar tranquilo se lo han quitado a más de 600 familias que habitan el casco urbano y rural de San Miguel, Putumayo. El frente 48 de las Farc, por medio de un comunicado dirigido a los habitantes de la zona, admitió haber instalado estos artefactos a lo largo y ancho del territorio, lo que ha implicado el confinamiento de miles de personas.

El fenómeno, además de implicar problemas de salud pública por la falta de atención, “impide la movilidad de las personas, y con ello, la precarización de la economía de las familias que dependen del campo para conseguir recursos”, asegura una de las educadoras en riesgo de la región.

Además de ser declarado por Acción contra Minas como municipio confinado, San Miguel parece estar lejos de lograr el desminado de su territorio, pues debido a su ubicación geográfica, resulta ser un corredor ideal para la salida de droga hacia Ecuador y un punto estratégico para los grupos armados de la región. Sin embargo, las negociaciones con las Farc y el cese al fuego bilateral son una esperanza, así como la noticia de que está dentro de los 48 municipios que se desminarán de aquí a finales de 2017.

El contraste entre estos dos municipios no es el único del que da cuenta el conflicto armado colombiano, donde la suerte suele aparecer tan solo para unos pocos. La experiencia de San Carlos debe servir, según otro de los hombres que trabaja en la prevención de accidentes en San Miguel, “para que las autoridades locales y departamentales aprendan a trabajar de manera coordinada con la comunidad”; así mismo, servir como ejemplo para el país, y sobre todo, para contribuir a desminar este rincón del Putumayo, pues no pueden seguir existiendo en Colombia municipios a los que les toque el lado triste de la moneda.



Guerrilleros y soldados desminan juntos

El año pasado por primera vez guerrilleros y soldados desminaron juntos. La experiencia ha dejado varias enseñanzas.


En marzo de 2015 los negociadores de las Farc y del gobierno en La Habana acordaron desminar dos zonas con intensidad de conflicto, algo que nunca había ocurrido. Las elegidas fueron las veredas Orejón, en Briceño (Antioquia), y Santa Helena, en Mesetas (Meta).

El plan requería la participación conjunta de las partes: los guerrilleros darían la ubicación de las minas, especificarían detalles sobre su composición y sobre cómo retirarlas. Entre tanto, los soldados del Batallón de Desminado Humanitario desminarían. La comunidad, por su parte, informaría sobre eventos relacionados a estos explosivos en la zona, la labor de los mandatarios locales era logística y la organización civil de desminado humanitario Ayuda Popular Noruega (APN), en calidad de neutral, coordinaría las operaciones. Todo bajo el liderazgo de la Dirección de Acción Integral contra Minas, la dependencia de la Presidencia encargada del tema.

Esta experiencia arrojó varias enseñanzas que serán fundamentales hasta 2021, año en el que el país estaría libre de minas:

1.— Es ideal que las zonas intervenidas solo tengan presencia del actor armado con el que se esté negociando. La presencia de otros grupos da pie a nuevas desconfianzas y pone en riesgo la estabilidad del proyecto de desminado. En Orejón, por ejemplo, la comunidad temía que si las Farc se alejaban llegarían los paramilitares.

2.— El Ejército debe estar listo a copar los espacios que la guerrilla despeje para el desminado y sus zonas perimetrales. De lo contrario, llegarán otros actores armados a hacerlo. En Briceño, la cabecera municipal de Orejón, las Autodefensas Gaitanistas asesinaron a tres miembros de una familia por supuestamente colaborar con la guerrilla. La consecuencia: los habitantes comenzaron a percibir el proyecto como una amenaza para su seguridad.

3.— El actor armado debe garantizar que sus tropas estén totalmente comprometidas con el proyecto y que, por ende, no intentarán torpedearlo. El ataque de la guerrilla a una patrulla del Ejército en una zona cercana al área de desminado en Orejón, que dejó un soldado herido, minó la confianza del gobierno y de los soldados del Batallón de Desminado en la guerrilla.

4.— Compartir más espacios que la jornada de trabajo es determinante para romper la barrera de la desconfianza. En Orejón y Santa Helena soldados y guerrilleros encontraron en el fútbol una manera de hacerlo: jugaban partidos a diario. Así dejaron de verse como enemigos y adversarios; son un equipo en donde la labor del uno complementa la del otro.

5.— La comunidad es clave a la hora de ubicar las minas. Los habitantes tienen mucha referencia de dónde pueden estar estos artefactos: pueden señalar dónde ha caído su ganado, dónde han caído personas, si han visto a alguien sembrando algo de manera sospechosa, casas con explosivos, o si los actores armados les han advertido por dónde no pasar.

6.— Si el área que se va a desminar es una zona de dominio del grupo armado en cuestión, la comunidad cooperará más. Santa Helena, por ejemplo, está ubicada en el piedemonte de la Serranía de la Macarena, un fortín histórico de las Farc. Allí los guerrilleros le pidieron a la comunidad que colaborara dando información sobre la posible ubicación de las minas y esta accedió, lo que ha agilizado las operaciones.

7.— Los más aptos para hacer el estudio no técnico -la primera fase del desminado donde se hace un sondeo puerta a puerta con la comunidad para identificar las posibles áreas contaminadas por minas- son los civiles. Donde ha habido conflicto el miedo de la comunidad al Ejército y la desconfianza hacia el gobierno son muy grandes, por lo que difícilmente un lugareño será 100 por ciento sincero con un soldado o un funcionario. Por el contrario, las ONG’s de desminado contratan civiles oriundos de la zona para realizar dicha labor.

8.— Que la comunidad comience a ver los programas del gobierno incrementa su confianza en él. La creación de las mesas temáticas en términos de salud, educación, infraestructura, granjas integrales, telemedicina, cultivos alternativos hace que la gente vea acciones en vez de promesas incumplidas. En ese proceso el apoyo de las autoridades locales y regionales es fundamental.

9.— El desminado ingresa con el propósito de retirar las minas de la tierra, no puede resolver las necesidades históricas de la zona. En Orejón, por ejemplo, se presentaron tensiones sociales porque la comunidad le exigía al proyecto de desminado que arreglara las carreteras y las ONG’s ambientalistas ubicadas en los alrededores de la hidroeléctrica Hidroituango le exigían al proyecto hacer algo al respecto.

10.— El mayor aporte del actor armado es ordenar la información, identificar cuál fue el guerrillero que puso las minas en cada frente, hacer los mapas o ayudar a construirlos. Su rol como desminador aún es incierto aunque ONG’s como The Halo Trust han tenido empleados hasta 30 excombatientes en labores de desminado.

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El fútbol fue una de las estrategias que se utilizaron para romper la desconfianza entre guerrilleros y soldados. Esta foto fue tomada en Santa Helena.

Foto: Dirección de Acción Integral contra Minas.
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La topografía de Orejón dificultaba la entrada de la máquina barre minas, lo que ralentiza las operaciones de desminado.

Foto: Dirección de Acción Integral contra Minas.
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La llanura de Santa Helena fue ideal para agilizar el desminado. Tanto que las operaciones ya finalizaron.

Foto: Dirección de Acción Integral contra Minas.
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La llegada del desminado a Orejón llevó el desarrollo a la comunidad: actualmente se está construyendo un puente para que los habitantes puedan atravesar con mayor facilidad la quebrada El juez.

Foto: Dirección de Acción Integral contra Minas.
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En Santa Helena la comunidad estuvo mucho más abierta a cooperar por ser un territorio históricamente dominado por las Farc.

Foto: Dirección de Acción Integral contra Minas.
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La educación en el riesgo de minas es una tarea que se realizó paralelamente al desminado en ambas veredas.

Foto: Dirección de Acción Integral contra Minas.



Santa Helena

20.874
metros cuadrados despejados.


Las operaciones finalizaron el
20 de mayo
de este año.


27
artefactos explosivos encontrados, entre ellos
2 cilindros y
1 granada de mano.


En promedio se encontró
1 mina cada
773 metros cuadrados.
El promedio nacional es de
1 mina cada
2.600 metros cuadrados.





Orejón

18.341
cuadrados despejados hasta el momento.


Las operaciones no han terminado.
no han terminado.


43
artefactos explosivos encontrados.


En promedio se encontró
1 mina cada
407 metros cuadrados.
El promedio nacional es de
1 mina cada
2.600 metros cuadrados.